Disculpas Públicas

Sentencia LAURA XIMENA SALINAS LÓPEZ

Disculpas Laura Salinas

 

No. Proceso: 06101201903008

Actor ofendido: LAURA XIMENA SALINAS LÓPEZ

 

“ (...) NOVENO.- EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. El Derecho al Debido Proceso, comprende al conjunto de garantías básicas y comunes A TODO PROCEDIMIENTO judicial o administrativo. Nuestra Corte Constitucional ha señalado: “El artículo 76 de la Constitución de la República establece QUE EN TODO PROCESO en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso este derecho se compone de algunas garantías básicas, mismas que constituyen presupuestos esenciales para la validez de los procesos; las garantías del debido proceso, entre las que se cuenta con el derecho de defensa, la contradicción, la legalidad, entre otras, son mandatos de observancia obligatoria en la tramitación de las causas; en consecuencia, cualquier norma procedimental de categoría inferior a la Constitución de la República que impida su ejercicio es manifiestamente inconstitucional. Esta garantía constituye un blindaje ciudadano ante la arbitrariedad en la sustanciación de las causas, y una herramienta fundamental para legitimar la actuación de los administradores de justicia. El derecho a la defensa es el que tiene toda persona contra quien se ha instaurado un proceso, ya sea judicial, administrativo o DE CUALQUIER ÍNDOLE, para acceder al sistema y hacer valer sus derechos frente a él; en este sentido, el derecho a la defensa busca garantizar la contradicción ante la acción, permitiendo que el accionado pueda ser oído, hacer valer sus razones, ofrecer y controlar la prueba e intervenir en la causa en pie de igualdad con la parte actora (Corte Constitucional del Ecuador, para el período de transición, sentencia No. 212-12-SEP-CC, caso No. 1259-11-EP.)” (Los subrayados, resaltados y mayúsculas nos corresponden) El Art. 76 de la CRE, establece: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.” La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la cual el Ecuador es signatario, en su Art. XVIII establece el Derecho a la Justicia: “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. “ La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su Art. 25. Protección Judicial expresa: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. Como acertadamente analiza el tratadista argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni al referirse al Debido Proceso: su ámbito no se contrae a la órbita judicial: “Los conceptos se extienden al PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y, también, al régimen disciplinario de la administración pública o militar. El derecho a ser oído consagrado en la ley de procedimiento administrativo es de raigambre constitucional, y su incumplimiento es una irregularidad que hace a las formas esenciales, entre las cuales no sólo están involucradas las observancias en la emisión del acto, en la exteriorización de la voluntad de la administración, sino también el conjunto de formalidades o requisitos que debe observarse o respetarse para llegar a la emisión del acto administrativo.” (Los resaltados, subrayados y mayúsculas son nuestros.) 9.1) La ESPOCH institución de renombre en la educación a nivel superior en el país, realizó un Concurso Público de Merecimientos y Oposición para ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2, tal concurso se basó en disposiciones constitucionales, legales (LOSEP, Reglamento LOSEP, NORMA TECNICA DE SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL) siendo claro entonces que el marco jurídico que linderaba el proceso, fue establecido -con anterioridad-; y, que el desarrollo del concurso debía ceñirse a él en concordancia con las bases de la convocatoria al concurso. 9.2) De la revisión procesal, en el caso bajo conocimiento de la Sala Especializada, se establece que en el acta denominada PUNTAJE FINAL DESPUES DE LA VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS constante a fs. 65 a 66 consta en el ítem No. 4 que la legitimada activa Laura Ximena López Salinas, como resultado de calificaciones obtenidas posee un puntaje final 82.81, sin embargo, en el casillero junto se visualiza la frase “NO APRUEBA DOCUMENTACION”, conforme el Acta de Conformación del Tribunal de Méritos y Oposiciones constante a fs. 67 a 68, se desvincula a la legitimada activa del concurso referido haciendo constar como única E hipotética justificación “NO APRUEBA DOCUMENTACION”, sin motivar, ampliar o explicar los motivos fácticos y jurídicos que permitieron la decisión adoptada, que de acuerdo a lo expuesto por el legitimado pasivo en la audiencia respectiva y en su escrito impugnatorio adolece a inconsistencias en las fechas del certificado de experiencia laboral emitido por el Consejo Nacional Electoral; y, la Hoja de Vida en su postulación de la plataforma Socio Empleo, no obstante dichas aseveraciones no fueron puestas en conocimiento de la legitimada activa en el Acta de Conformación del Tribunal de Méritos y Oposiciones, pues conforme a la Normativa Constitucional una de las garantías del Debido Proceso es: “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” 9.3) De la normativa suprema anotada se desprende que la MOTIVACIÓN de las resoluciones emitidas es IMPERATIVO CONSTITUCIONAL, éstas no pueden sustraerse de la “RATIO DECIDENDI” (Razón de la decisión) tomada por un servidor público del rango que este fuere, en base de la indisponibilidad del DEBER de MOTIVAR, convirtiéndose en la génesis única de conocimiento y control de la decisión o acto realizado. Un Estado de Derechos y Justicia, se transforma en baluarte de la motivación, herramienta que permite la rendición de cuentas de los funcionarios investidos de poder a sus mandantes. “La exigencia de motivar camina en paralelo a la magnitud de la potestad discrecional; a mayor discrecionalidad más motivación puesto que la necesidad de motivar es proporcional a las posibilidades de elegir (y de decidir).” La MOTIVACIÓN de un acto, informe, etc., por tanto debe caracterizarse por ser: <congruente> <completa> y <suficiente>. Tal motivación no debe entenderse como un texto formalista y minúsculo sin contenido, caracterizado por la enunciación y transcripción de normas, debe ser sustancial y basarse en los justificantes de los enunciados formulados lo que en el presente caso no ha sucedido. Nótese que en este acto ilegítimo los Ingenieros Landy Ruiz; Jacqueline Caisaguano; y, Ligia Chicaiza toman como fundamento o base legal el Art. 36 de la NORMA TECNICA DE SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL, sin hacer mención alguna a los motivos por los cuales “NO APRUEBA DOCUMENTACIÓN”; así como, también la exigencia de -experiencia- en un puesto para el cual de acuerdo a las bases del concurso no se requería de experiencia. En el Informe No. 187.IT.DTH.2019 señalan haber realizado un “nuevo análisis” de la fase de revisión y comparación de información consignada en la Hoja de Vida con el certificado DTH-CNE-014-2019 emitido por el Consejo Nacional Electoral procediendo a su descalificación, documento en el cual nuevamente no se indica expresamente en que reside la inconsistencia, por tanto se incurrieron en vicios que tienen repercusión constitucional, pues tales funcionarios -transgredieron el Art. 18 de la NORMA TECNICA DE SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL- pues la UATH debió comprobar el nivel de cumplimiento del registro "Hoja de Vida" con los requisitos establecidos en las bases del concurso, desembocaron en una grosera violación al Derecho al Debido Proceso, la Motivación; y, a la Seguridad Jurídica, lo que traspasa las fronteras legales del reconocimiento de un derecho subjetivo justiciable por vía contencioso-administrativa, ya que su reclamación conlleva la tutela directa de Derechos Constitucionales y la exigencia de la aplicación directa de garantías constitucionales. Como señala claramente la Doctrina Constitucional: “Garantía de la Seguridad Jurídica. La seguridad jurídica significa la estabilidad del ordenamiento jurídico que rige un Estado, la cual debe contener normas que tengan permanencia y que garanticen el equilibrio en las relaciones entre los órganos del Estado y los ciudadanos. I. Elementos. a) La certeza jurídica: significa la existencia de un conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas existentes; b) la eficacia del derecho: significa que las normas jurídicas tengan la capacidad de producir un buen efecto, y c) la ausencia de arbitrariedad: significa que al aplicar las normas jurídicas prevalezca la justicia. II. La seguridad jurídica como principio, como valor y como derecho fundamental. a) Como principio. Es un derecho universalmente reconocido y que se entiende como certeza práctica del derecho; b) como valor. Es un valor ético, desde dos vertientes, vinculados al valor de la justicia y al valor de la dignidad personal, y c) como derecho fundamental. Si bien la seguridad jurídica no es un derecho fundamental, tiene la calidad de derecho humano y, en cada país, de derecho constitucional. III. Titulares activos del derecho a la seguridad jurídica. a) Los ciudadanos. En la realidad, los ciudadanos son los más inseguros, dada la inestabilidad jurídica (normas promulgadas por sorpresa y en función de la conveniencia de grupos de interés, de presión y de poder). Por consiguiente, los ciudadanos son los primeros titulares del derecho en exigir la seguridad jurídica, ya sea en forma individual o en forma colectiva” DÉCIMO. Se ha verificado también vulneración a los Derechos de Participación de la legitimada activa contenidos en el Art. 61.7 de la CRE: 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación TRANSPARENTE, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. (...)” DÉCIMO PRIMERO. De la revisión del proceso constitucional se puede verificar que existe además Vulneración del Derecho al Trabajo y la Estabilidad Laboral, al truncar el “proyecto de vida” de la hoy accionante mediante un ilegal procedimiento administrativo que le priva de continuar dentro del concurso público de merecimientos y oposición. El Art. 33 de nuestra Norma Suprema establece: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su DIGNIDAD, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” El Art. 325 ibídem, concordantemente consigna: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomos, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” Se ha verificado, por tanto acciones administrativas que vulneran al Derecho al Trabajo, de la legitimada activa Laura Ximena Salinas López. DÉCIMO PRIMERO. RESPECTO DE LA REPARACION ECONOMICA: Como bien ha señalado la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 364-16-SEP-CC, la reparación integral además de ser un mecanismo de protección: “se constituye en un derecho constitucional, cuyo objetivo es que los derechos que fueron vulnerados, sean reparados a través de medidas que procuren ubicar a la persona en una situación similar o igual a la que tenía previo a la vulneración de derechos.”, Es decir busca ubicar a la persona en una situación en lo posible similar a la que tenía previo a la vulneración de derechos, en concordancia con el Art. 18 de la LOGJCC: “La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.” Por lo que atendiendo la apelación de la sentencia efectuada por la legitimada activa Laura Ximena López Salinas en cuanto a la reparación económica este cuerpo colegiado considera que la restitución considerada como aquella medida tendiente a que la víctima pueda volver a la situación anterior a la violación; o, en la medida de lo posible retrotraer los efectos de aquellos actos violatorios de sus derechos, así como las disculpas públicas y garantías de no repetición, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, son las medidas de reparación idóneas con los hechos del caso, pues, en la presente acción de acuerdo a los documentos que obran en el expediente procesal la vulneración del derecho ocurrió dentro de la tramitación de un Concurso de Méritos y Oposición en la FASE de Verificación del Mérito, debiendo retrotraerse el proceso hasta el Acta de conformación del Tribunal de Méritos y Oposiciones. Nuestro máximo organismo de Justicia Constitucional en sentencia dictada el 18 de diciembre del 2019 ha señalado claramente que en un <CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN> se debe designar a la persona <más idónea> para ocupar un cargo público diferenciando lo que es una <mera expectativa> <una expectativa legítima> o <un derecho adquirido como resultado de un concurso de méritos y oposición>: “23. En el marco de un concurso de méritos y oposición se selecciona a la persona más idónea para ocupar un determinado cargo público. La persona con el puntaje más alto es la ganadora del mismo. Por otra parte, las personas inmediatas que no han conseguido el puntaje necesario para ser ganadoras, son parte del banco de elegibles. Esta distinción resulta relevante para diferenciar entre quienes tienen una mera expectativa, una expectativa legítima o un derecho adquirido como resultado de un concurso de méritos y oposición. 24. Por un lado, las personas GANADORAS de un determinado concurso de méritos y oposición son quienes tienen una LEGÍTIMA EXPECTATIVA de ocupar el cargo público para el cual participaron y ganaron, Y UNA VEZ NOMBRADOS ADQUIEREN EL DERECHO DE ESTABILIDAD PARA DICHO CARGO. La legitima expectativa, a diferencia de la mera expectativa, implica que la persona se encuentra en una posición jurídica en la que ha reunido las condiciones para el ejercicio de un cargo público, aunque aún estén pendientes actuaciones posteriores que formalicen la titularidad de dicho cargo.” (Los subrayados, resaltados y mayúsculas son nuestros) De la infrascrita sentencia y atendiendo a las particularidades fácticas del presente caso se colige que la legitimada activa posee una MERA EXPECTATIVA de que se le adjudique el cargo como personal administrativo; por tanto, aún no se convierte en titular de un derecho adquirido, pues se encuentra en una posición jurídica en la que ha reunido las condiciones para el ejercicio de un cargo público, estando pendientes actuaciones posteriores que formalicen la titularidad de dicho cargo, ya que no se le ha declarado ganadora del concurso tomando en consideración que al no ser tomado en cuenta el puntaje respecto a la experiencia, las notas de puntaje final varían respecto al resto de postulantes, debiendo la Unidad de Talento Humano realizar los debidos cálculos y establecer los puntajes finales, pues al momento de ocurrir la vulneración de derechos no se habría emitido el acta final y la declaratoria del ganador del concurso, ni expedido el nombramiento provisional de prueba a favor de la legitimada activa, conforme lo establecen los Art. 34 y 36 de la NORMA TECNICA DE SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL, en consecuencia no procedería el pago de remuneraciones dejadas de percibir. DECISIÓN Por los razonamientos expuestos, esta Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Menores y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo “ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA” RECHAZA por improcedente -de acuerdo a las reflexiones realizadas por este Tribunal- los Recursos de Apelación interpuestos por los legitimados pasivos, Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; y, la legitimada activa señora Laura Ximena Salinas López; y, CONFIRMANDO la sentencia del Juez Aquo, se la MODIFICA en el siguiente sentido: Se DECLARA la vulneración de los Derechos Constitucionales de la legitimada activa Laura Ximena Salinas López portadora de la cédula de ciudadanía No. 1705423828, en los Derechos: A la Seguridad Jurídica en la garantía del cumplimiento de normas y derechos previstos en el Arts. 82 y 76.1; al Debido Proceso en la garantía de la motivación Art. 76.7 Literal l); y, Derecho al Trabajo Arts. 33, 228 y 325 de la Constitución de la República del Ecuador. De conformidad a lo ordenado por el Art. 18 de la LOGJCC, al haberse declarado la vulneración de derechos constitucionales anotados se dispone que los legitimados pasivos, Ing. Byron Ernesto Vaca Barahona PhD., Rector y representante legal de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo cumplan los siguientes actos de reparación integral: La institución accionada, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo evite cualquier tipo de acciones u omisiones que puedan constituir represalias o acoso en contra de la legitimada activa Laura Ximena Salinas López. Se dispone se remitan copias certificadas de la presente acción constitucional a la Dirección Provincial de Chimborazo de la Contraloría General del Estado, para que se realicen las respectivas investigaciones y se establezcan las responsabilidades de los servidores públicos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por las transgresiones sometidas en el cumplimiento de sus funciones, en el presente caso. La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en Sesión Extraordinaria ofrezca disculpas públicas a la legitimada activa Laura Ximena Salinas López; y, se publique como portada o titular central en la página principal (PÁGINA DE INICIO-HOME) del portal web institucional: www.espoch.edu.ec, un extracto de la parte considerativa; y, totalidad de la parte resolutiva de esta sentencia por el período de sesenta días consecutivos desde su notificación. Se ordena además que en el plazo de 60 días se efectúe la capacitación de los Miembros de la Unidad Administrativa de Talento Humano; y, personal administrativo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo encargados de efectuar los concursos de méritos y oposición; sobre los Principios del Derecho Público, procesos de concursos y evaluaciones; Debido Proceso; y, Seguridad Jurídica debiendo informar los representantes legales de la Institución el cumplimiento de tal medida en el plazo de 5 días de concluido el plazo dispuesto para el proceso de capacitación. Pudiendo para el efecto solicitar a las Universidades la colaboración de docentes expertos en los citados temas. Se delega al señor Defensor del Pueblo para que dé el respectivo seguimiento al cumplimiento inmediato y estricto de esta sentencia. Ejecutoriada que sea la presente sentencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 86.5 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia con el inciso primero del Art. 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, remítase inmediatamente la presente sentencia a la Corte Constitucional, para su eventual selección para el desarrollo de la Jurisprudencia Constitucional.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.”

Abg. Bladimir Cedeño Guzmán

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